Fuente: Infobae
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El oficialismo logró imponer el proyecto que declara de utilidad pública a la compañía que hasta ayer controlaba la española Marsans. El plan surgió luego de que se cayera el acuerdo que se había realizado a mediados de año
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La Cámara de Senadores convirtió en ley la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral propuesta por el gobierno nacional, que declara de "utilidad pública" a ambas empresas aéreas, garantizando su funcionamiento por parte del Estado.
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Con el voto afirmativo de 42 senadores del oficialismo y aliados se aprobó la ley que determina que el Estado nacional debe, a partir de ahora, "instrumentar los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades financieras" de Aerolíneas y Austral, y garantizar la prestación de servicios.
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En tanto, el grupo Marsans, a través de un comunicado, manifestó su desacuerdo con la medida e informó que se disponía a iniciar una presentación ante el tribunal internacional del Ciadi. La decisión de expropiar ambas empresas de transporte aéreo de pasajeros fue tomada por el gobierno luego de que fracasara un acuerdo sobre el precio con el Grupo Marsans, poseedor de la mayoría accionaria de las aerolíneas.
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Según el proyecto, la expropiación apunta a "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga". En ese marco, en no más de seis meses, un organismo designado por el Gobierno deberá presentar un plan estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y largo plazo.
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De acuerdo con la iniciativa, se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el 10% de las acciones de las compañías. Desde el oficialismo, el senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía "un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001".
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En cambio, la oposición, que reclutó 20 votos en contra, renovó sus cuestionamientos a la iniciativa oficial en los puntos referidos a la deuda que el Estado deberá asumir a partir de la expropiación.
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